Argumentación: algunas aproximaciones sobre su importancia para el que se inicia en estudios jurídicos 

The argumentation: some approaches about its importance for the one that starts in legal studies

 

Jesús Morales

Docente de la Universidad de Los Andes. Escuelas de Derecho y Criminología

Venezuela

jesusm100386@gmail.com/jmoralescarrero@yahoo.com


RESUMEN

En la universidad, la argumentación ha conseguido posicionarse como una herramienta al servicio de la defensa o refute de posicionamientos carentes de solidez, lógica y coherencia. Por ende, su ejercicio y uso recurrente en el campo profesional del Derecho, ha exigido su inclusión como parte de las habilidades sobre las que recae la responsabilidad de realizar razonamientos sustentados en ideas rigurosamente pensadas y lógicamente organizadas que intentan convencer o persuadir a una determinada audiencia. En este sentido, con el ensayo que se presenta a continuación, se intenta mostrar algunas consideraciones sobre la importancia de promover el uso de la argumentación como parte de las competencias que debe manejar todo jurista al momento de realizar sus pronunciamientos. Para ello, se hace necesario que ofrezcan ideas que funjan como premisas lógicas que adhieran a una audiencia o a un receptor que llevados por la convicción consigan ser movidos a accionar, a compartir posiciones y a tomar decisiones en procura de aquello que se considera correcto, relevante y pertinente. En conclusión, es posible afirmar que la argumentación se encuentra estrechamente vinculada con la asunción de una posición responsable y consistente, como resultado de un pensamiento crítico, que se persigue el reconocimiento del otro, el manejo de las diferencias y la posibilidad de poner al servicio el dialogo como medio para conseguir consensos mediados por razonamientos legítimos y dotados de credibilidad.

Palabras clave: argumentación, Derecho, habilidad, razonamiento, pensamiento crítico, responsabilidad y credibilidad

ABSTRAC

In the university, argumentation has managed to position itself either as a tool at the service of defense or refutes positioning of lack of solidity, logic and coherence. Therefore, its exercise and recurrent use in the professional field of Law, has demanded its inclusion as part of the skills on which falls the responsibility of making reasoning based on ideas rigorously thought out and logically organized that try to convince or persuade a certain audience. In this sense, with the essay presented below, we try to show some considerations on the importance of promoting the use of argumentation as part of the competencies that every lawyer must handle when making his/her decisions. For this, it is necessary that he/she offers ideas that serve as logical premises that adhere to an audience or a receiver who, driven by conviction, get moved to act, to share positions and make decisions in pursuit of what is considered proper, relevant and pertinent. In conclusion, it is possible to affirm that the argument is closely linked to the assumption of a responsible and consistent position, as a result of critical thinking, that pursues the recognition of the other, the handling of differences and the possibility of putting dialogue at the service as a means to achieve consensus mediated by legitimate reasoning and endowed with credibility. 
Key words: argumentation, Law, ability, reasoning, critical thinking, responsibility and credibility.
 

INTRODUCCIÓN

La argumentación como una herramienta inherente a cualquier situación comunicativa, representa dentro del campo social la forma a través de la cual se proponen, defienden y se generan razonamientos como parte de la organización discursiva que se desarrolla con propósitos persuasivos. Por esta razón, la argumentación vista desde el campo jurídico, presume del uso de pruebas lógicas y rigurosas sobre las que subyace como finalidad el convencer a una audiencia. De allí que se haya constituido no solo para las ciencias jurídicas sino para campos del saber, en un instrumento en los que ˝usado en forma más o menos inconsciente para apoyar una postura˝ (Rodríguez, 2008, p.2).

En tal sentido, la acción de argumentar implica entonces el manejo de ideas y premisas sustentadas en el uso del razonamiento como una habilidad superior que le sirve para individuo para evaluar planteamientos de manera rigurosa hasta trascender a la escogencia de alternativas que le lleven a tomar decisiones coherentes, oportunas y válidas, a las que se pretende que una audiencia con apreciaciones opuestas o divergentes se adhiera compartiendo acuerdos y puntos de vista de un interlocutor. Por consiguiente, la argumentación debe ser apreciada como una manera de construir y elaborar en forma adecuada la defensa frente a un contrario que se desea seducir (Ramírez, 2004). 

Por esta razón resulta preciso indicar que, la argumentación desde el ámbito jurídico debe ser vista como parte coyuntural en todo proceso decisorio, debido a que permite no solo el emitir razones sino escoger premisas idóneas enfiladas hacia el respaldo de una postura. En atención a ello puede decirse que representa ˝el intento por apoyar ciertas afirmaciones o decisiones con razones, por lo que argumentar tiene una importancia especial porque constituye una manera de informarse acerca de qué afirmaciones o decisiones son mejores que otras˝ (López, s/f, p. 9).

Ahora bien, en el ensayo que se presenta a continuación, se hace una revisión de algunas consideraciones que debe asumir el estudioso que inicia su formación en el ámbito jurídico. Con el mismo se pretende destacar la relevancia de la argumentación jurídica como una manera de fijar posición frente a una decisión que requiere de la participación del pensamiento, de la elaboración de premisas y planteamientos coherentes que respalden procesos cuyo fin es convencer y persuadir, a través de evidencias y demostraciones (Pascual, 1997, p. 3).

 

MATERIALES Y MÉTODOS

La argumentación dentro de la dinámica social, ha sido considerada históricamente como una herramienta indispensable para la expresión sustentada de razones y posicionamientos. Por ende, su relevancia dentro de las relaciones sociales y, en especial dentro de un área tan controversial como el Derecho, dentro de la cual la necesidad de sustentar y elaborar opiniones coherentes se hecho inminente para convencer, pero además, para adherir posturas contrarias, como una manera para trascender a la generación de convicción y accionar en atención a “la construir modelos de racionalidad que sirvan como guía para la toma de decisiones jurídicas" (Alexy, 1997, p.15).

En este sentido, la utilidad de la argumentación para el campo del Derecho ha logrado posicionarse judicialmente como una manera por antonomasia de dotar de fundamentación las decisiones jurídicas, al posibilitarle al ciudadano el manejo coherente del pensamiento y el razonamiento, como procesos que por entrañar elaboraciones y resultados científicos, vienen a revestir actuaciones efectivos dentro de la praxis jurídica. Conviene decir entonces, que el abogado como agente social, tiene como responsabilidad en atención a la relevancia y a la trascendencia de sus actuaciones, el asumir posicionamientos sustentados que lleven a la elaboración de decisiones jurídicas sólidas y cónsonas con el deber ser, es decir, que respondan a los criterios de legitimidad y legalidad (Atienza, 2005).

Por ende, es posible esgrimir que la necesidad de realizar formulaciones lógicas y coherentes sobre una disputa jurídica, puede ser vista como la manera más efectiva y útil, pues se trata de elaborar premisas y enunciados cuyo cometido no es otro que resolver la oposición y diversidad de puntos de vista que puedan emerger a partir de una situación o temática controversial. Frente a esta situación el estudiante como agente en proceso de formación, debe familiarizarse con el manejo de planteamientos, apreciaciones, contradicciones, así como la perspicacia para valorar desde múltiples miradas científicas y disciplinares, eligiendo los argumentos más eficientes que le lleven a asumir una posición que le sea favorable al momento de esgrimir su defensa (Alexy, 1997).

Todo ello llevado al campo práctico, indica que el estudioso de lo jurídico y sus repercusiones sobre el ámbito social, debe ser un individuo con las competencias para manejar procesos decisorios a partir de complejos cuerpos normativos, de jurisprudencias y elementos doctrinales, que se valga de un pensamiento acucioso y de la razón como instrumentos a partir de los cuales desplegar "su capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad" (Atienza, 2005, p. 17). Por ende, es posible afirmar, que el jurista por circunscribirse a un contexto complejo, controversial y muy particular, debe apropiarse de  herramientas metodológicas formulación de propuestas, escoger alternativas e idear planteamientos razonados sobre las cuales actuar para resolver problemas sociales y jurídicos.

Ahora bien, este proceso resolutorio de conflictos debe ser visto no como una enumeración de ideas y formulaciones lógicas (Alexy, 1997; Atienza, 2005) sino como la actividad intelectual que intenta ofrecer "razones y pruebas de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas, utilizando los argumentos para llegar a una conclusión" (Guadarrama, s/f, p. 3). A partir de esta exposición se puede derivar el doble propósito de la argumentación. Por una parte se vale de planteamientos coherentes y lógicos y por el otro, dentro de sus cometidos se encuentra el traer a la convicción a terceros, es decir, a que compartan razonamientos, se adhieran y se vuelvan participes en su accionar.

En razón de lo antes expuesto, es necesario entender el rol social del abogado y sus implicaciones para comprender que su radio de acción trasciende a lo meramente normativo, para ubicarse en campos propios de la dogmática y, que hacen de la toma de decisiones un proceso complejo en el que, si bien es cierto, debe atenderse a lo jurídicamente establecido, no debe dejarse a un lado el bien supremo que debe prevalecer en una situación en conflicto. Es en este momento en el que el decisor debe apelar a la persuasión como una herramienta que le permita sustentar su posición en una actitud ecuánime que logre unir coherentemente lo axiológico y lo normativo (Atienza, 2005).

RESULTADOS

Por consiguiente, el uso de la argumentación más que una habilidad cognitiva, viene a posicionarse como una forma de justificar por medio de razones válidas, que contrastadas y sometidas a la comprobación, intentan lograr aceptación dentro de una comunidad científica, cuyo proceder gira en torno procedimientos y actuaciones centrados en lo que pueda ser probado, lo que se traduce en una condición elemental subyacente a cualquier accionar jurídico y hecho que se da o no por sentado. Se trata entonces, de familiarizar al que se inicia en esta práctica  con el convencer a través de premisas y de planteamientos lógico, posicionamientos cuyo propósito es el de justificar y garantizar la elaboración de resoluciones concluyentes y revestidas de solidez.

Por tal motivo, el estudiante de Derecho debe insertarse dentro de una cultura jurídica familiarizada con el manejo de criterios y proposiciones predominantemente utilizados por los juristas dentro del derecho nacional. Ello implica la apropiación de un conocimiento especializado, de posicionamientos ideológicos, de creencias y apreciaciones sobre las que circunda las actuaciones de los encargados de administrar justicia (juez) el cual como experto en procesos decisorios, se apega concepciones y posturas propias al momento de dictaminar un fallo en pro o en contra. En razón de ello, es inminente que el estudioso de la ciencia jurídica comprenda "las razones, las tendencias que pudieran mover a un determinado juez a dictar esa resolución y las motivaciones que el órgano en cuestión ha dado para mostrar que su decisión es la correcta o aceptada” (Atienza, 2000, p. 20).  

Con base en ello, vale decir que la argumentación jurídica en el plano de la formación universitaria del jurista, debe ser asumida como un instrumento sobre el cual justificar premisas, razonamientos y planteamientos que tienen una finalidad específica, es decir, el tratar  de "convencer de una cosa dudosa" (López, s/f, p. 1). Por ende, se trata de realizar un examen riguroso y razonado que consiga ver en lo controversial y problemático, la posibilidad de formular premisas que lleven a un punto resolutorio que esclarezca satisfactoriamente la necesidad de explicación y justificación propia del ámbito jurídico.

Es de señalar que, desde una perspectiva práctica la argumentación tiene como finalidad el acercar al novato en cuestiones jurídicas hacia el entendimiento de los elementos que componen una controversia, pues de la comprensión de los mismos se la toma de decisiones, proceso que permitirá el  descarte de aquellas alternativas poco razonables y opuestas a principios fundamentales dentro del ámbito jurídico, es decir aspectos tales como lo son la justicia, el bien común y la equidad,  como puntos de partida sobre los cuales proponer soluciones coherentes, lógicas y, por ende, más elaboradas que permitan el convencer a una audiencia exigente, es decir, el conseguir que la adhesión necesaria para su aprobación (Perelman, 1998).

Cabe destacar, que la argumentación dentro de un campo tan complejo como la actividad jurídica, se encuentra enfocada en dos direcciones. En primer lugar, la necesidad de manejar adecuadamente relaciones problemáticas teniendo como mediadores la lógica y el razonamiento y, en segundo lugar, se intenta conseguir variados propósitos encausados hacia la búsqueda de consenso o de la justificación de posicionamientos con los que el interlocutor se siente identificado. Entre los propósitos se pueden mencionar: el ganar a terceros para que compartan de la perspectiva defendida, el traer a la participación y práctica de las ideas que se defienden o en nivel más profundo llevar a la audiencia a accionar convicción y convencimiento (Rodríguez, 2008).

En este sentido, se logra precisar que la argumentación debe ser vista como una actividad intelectual que integra elementos normativos en su afán de resolver situaciones en conflicto, pero que además, se vale de principios generales del Derecho que sirven de apoyo y de equilibro para no excederse ni extralimitarse al momento de asumir una decisión. En atención a ello, es posible ver en la argumentación una herramienta compleja que se encuentra revestida del apoyo de principios aceptados tradicionalmente y, que de ser asumidos le dan la legitimidad a los argumentos esgrimidos.

En este mismo orden de ideas y siguiendo otras contribuciones que ponen de manifiesto la relevancia de argumentación dentro del campo jurídico, específicamente vista desde la comprobación, es posible afirmar que la necesidad de probar la efectividad de los argumentos parte de cómo se presenta su estructuración y su sustento como requisito para determinar su validez. De allí que sus propulsores afirmen que en todo proceso de argumentación, el criterio “calidad” está determinado por cuanto el mismo es capaz de presentarse estratégica y organizadamente como expresión de rigurosidad y consistencia, cualidades estas sobre las que gira la validez de un posicionamiento (Toulmin, 2007). 

DISCUSIÓN

Esta apreciación de la argumentación jurídica implica entonces, el constante mover del decisor entre el razonar en atención a sus pretensiones o fines personales que se ven reflejados en sus planteamientos y, el garantizar que estos efectivamente favorezcan externamente el llevar a su audiencia a adherirse a su postura. En ello como se afirma desde los principios básicos de la argumentación, juega un papel importante el carácter crítico sobre el que reposan sus razonamientos, es decir, que el contenido de sus proposiciones realmente estén dotadas de rigurosidad, pertinencia y consistencia lógica para conseguir aceptación y reconocimiento como garantía de sustento.

Conviene subrayar, que el argumentar en el contexto jurídico representa una herramienta poderosa que viene a generar beneficios dentro de las discusiones y de la resolución de conflictos. Pues parte de sus atributos  se centran en el actuar con responsabilidad al ˝sustituir la violencia por el debate constructivo que enriquece el conocimiento y facilita las relaciones humanas˝ (Rodríguez, 2008, p. 3). Se trata entonces, de ver en la argumentación la manera de elaborar un discurso racional acompañado de una actitud conciliable que a través de la presentación de razonamientos lógicos que lleve a dirimir querellas jurídicas sin recurrir a otros medios no permitidos (Guadarrama, s/f).

Visto esto como parte de la función apelativa que caracteriza a la argumentación y que responde desde la perspectiva comunicativa a la necesidad de generar en el receptor una reacción favorable, se puede esgrimir que el convencer debe ser vista como uno de los cometidos y esfuerzos de esta actividad intelectual, que está encausado hacia la trasformación de la precepción de su contraparte y, en un nivel más profundo hacia el lograr que el mismo que se adhiera y comparta las ideas, posturas y, que por ende, logre llegar a accionar como evidencia de convicción y de certeza sobre las que subyace el procesamiento lógico y consciente de premisas.

En atención a ello, la argumentación debe ser considerada más allá de su capacidad para elaborar ideas sustentadas, para ser comprendida como un proceso que enmarca el exponer argumentos que contrastados con las posturas de terceros, logren dejar en evidencia favorable el punto de vista sustentado. Ello implica como requisito fundamental, el manejo de un conocimiento profundo sobre la temática y de sus aristas, condición de la cual va a depender en mayor medida la superioridad persuasiva. A esta noción se adhiere la idea de que el propósito de la argumentación se centra entre otras cosas en ˝modifica en algo la forma de entender un concepto, un hecho o una conducta, o bien motiva un cambio de actitud en el/los receptor(s) de una argumentación, y aun mueve a éste/éstos hacia la acción˝ (Rodríguez, 2008, p. 5).

Por consiguiente, se puede afirmar que la disciplina de la argumentación, como ha sido valorada durante los últimos años, tiene una relevancia extraordinaria, debido a que responde a una habilidad entre cuyos propósitos se encuentran el generar adhesión de un tercero a una postura, de la que intenta que haga parte intelectualmente al apropiarse de esta con la convicción de compartirla, pero además, de trascender hacia el provocar tendencias que resuelvan conflictos en el ámbito judicial. De allí que se afirme que ˝la tarea de argumentar resulta mucho más exigente en cuanto se pretende aportar razones jurídicas consistentes, coherentes y prevalentes que entrañan dar resolución a una querella˝ (Figueroa, 2013, p. 2).

Para cumplir con este cometido es posible afirmar, que el interlocutor debe ser capaz de responder con razones sustentadas, a lo que se le suma la búsqueda recurrente de contradicciones dentro de sus propias ideas y la colisión entre planteamientos, que puedan representar pocas o escasas contribuciones y, por ende, la imposibilidad para dar oportuna respuesta a una querella sobre la que se intenta conseguir un resultado favorable. Siguiendo las ideas del autor mencionado anteriormente, la argumentación presume de otorgarle ˝rigor a las premisas y de optimizar los contenidos de pretensiones hasta donde sea racional y razonable˝ (Figueroa, 2013, p.11).

Esto conduce a reiterar que, la argumentación jurídica vista desde el escenario profesional tiende a hacer especial énfasis en la constante justificación, para lo cual en cualquiera de los roles de decisor, de defensor o de acusador en un conflicto jurídico, debe valerse de recursos discursivos tales como la exposición, la explicación, la descripción y la ejemplificación como medios a través de los cuales fundamentar organizadamente decisiones, que entrañen la capacidad para traer al convencimiento y a la adhesión necesaria que posibiliten la resolución exitosa de una pretensión perseguida ante cualquier autoridad o instancia.

Dicho lo anterior, se trata del manejo de una serie de habilidades de las que se vale el interlocutor en forma recurrente y, que representan el desarrollo de ejercicios lógicos que organizan y le dan congruencia a las ideas y posicionamientos y, sobre los cuales recaen hasta cierto punto la producción de decisiones prácticas favorables. Esto evidentemente entraña, el  de ganar la aceptación, otorgarle legitimidad y reconocimiento a través de un discurso justificado por su presentación sistemática, clara, eficiente, efectiva, coherente y adecuada (Atienza, 2005).  

Basta lo anterior para, reiterar a la argumentación como una habilidad superior, a la que el estudioso del Derecho debe manejar, conocer su proceder y bondades a fin de conseguir procesar las formas, modelos y prácticas discursivas que se aplican en su campo profesional. Es por esta razón, que debe ver en esta herramienta la puerta de acceso para apropiarse y comprender las maneras como se asume postura dentro del área científico/jurídica, entendiendo que “los dictámenes judiciales tienen como particularidad, la adopción de una posición racional y razonablemente justificadas” (Torres y García, 2008, p.2). Por ende, la argumentación es asumida como un acto fundado sobre razones jurídicamente acéptales y válidas, que en esencia intentan garantizar la aplicación lógica de premisas que contribuyan con la resolución oportuna de conflictos sociales.

Esto conduce a afirmar, que la argumentación como herramienta al servicio de la organización del discurso jurídico, cuenta entre otros propósitos con la elaboración de razones y sustentos que le dan consecución a la conformación del Derecho y, por ende, de posicionamientos justificados racionalmente. Es por esta razón, que la argumentación jurídica debe ser valorada como la responsable de “traer convicción acerca de la existencia de criterios objetivos que atribuyen carácter racional a la práctica de la justificación de las decisiones” (Cruceta, et al., s/f, p.35). De esta afirmación es posible inferir el carácter imparcial y ecuánime de la argumentación. Sin embargo, no se debe olvidar que quien argumenta está revestido de una carga ideológica y social que lo lleva a asumir una posición a partir de la cual construye sus razonamientos (Pascual, 1997).

Por tal motivo, es oportuno mencionar que la argumentación jurídica desde la concepción social es asumida como una expresión del proceder racional de los órganos administradores de justicia, pues en la misma recaen aspectos medulares que deben primar en todo Estado democrático, es decir, elementos como la legalidad y la legitimidad. La primera consigue su aceptación en el hecho de lograr que los resultados de querellas jurídicas estén respaldadas en razones justificadas apegadas a lo normativamente establecido y, la segunda, que dichas respuesta se sustentan en premisas y posicionamientos lógicas que traen a la convicción al ciudadano, convenciéndolo de que la actuación jurisdiccional fue la oportuna por el hecho de estar permeada de principios generales como justicia, el bien común y la equidad, elementos responsables de propiciar la aceptación y el convencimiento legítimo y unánime de los sujetos afectados directa o indirectamente.

Aunado a todo lo expuesto, cabe destacar la participación que tiene el factor “formación social” dentro de la argumentación, pues la misma enmarca elementos culturales, ideológicos, concepciones y representaciones sociales, que se constituyen en insumos a los cuales apela el hablante para justificar su postura. Valga aclarar, que en estos aspectos se deja entrever el uso de ideas que entrañan el conseguir que la audiencia como integrante de un colectivo común, participe adhiriéndose al posicionamiento defendido como condición fundamental para otorgarle validez, reconocimiento y aceptación a una perspectiva que se encuentran en  disputa (Vignaux, 1986).

Las evidencias anteriores dejan entrever, que la argumentación pareciera entonces estar enmarcada en la necesidad de ofrecer explicaciones fundadas en la necesidad de conseguir credibilidad cohesión social, como condiciones que procuran el ganar la confianza de una ciudadanía (audiencia) exigente que con su sentido crítico somete a valoración los pronunciamientos dados por órganos judiciales, procurando conseguir explicaciones precisas y claras que demuestren el correcto apego y coherente proceder normativo en función de criterios legales que justifiquen el pronunciamiento o respuesta resolutoria de un ente con poder de decisión.

Cabe aclarar, que aunque la argumentación ha sido vista como una habilidad apoyada en el uso de razones y valoraciones objetivas, no siempre es así, pues sobre la misma recae el uso reiterado juicios divergentes apegados a apreciaciones subjetivas que están estrechamente ligadas a un posicionamiento personal, que apela a la forma en que se asume la situación o fenómeno objeto de defensa. Por ende, algunas posturas teóricas, han afirmado que una forma de apalear la subjetividad, se centra en el uso de terceras voces como parte de la trama argumentativa, que le otorgue una postura más ecuánime, dotada de cordura y racionalidad como aspectos ligados a la objetividad (Arnaux, 2002).

Por ende, la argumentación vista como una herramienta académica implica el uso y manejo pronunciamientos de autoridades dentro del área, lo que en el Derecho puede estar circunscrito al manejo de elementos teóricos, doctrinales y jurisprudenciales sobre los cuales construir un entramado de premisas que organizadamente que condicione la inclinación del receptor hacia la tendencia que se defiende, propiciando respuestas que avalen y reconozcan la postura que se defiende, sin acudir a elementos relacionados con el manejo manipulado o distorsionado de información.

En atención al aspecto ético en todo proceso argumentativo, es posible afirmar que, si bien es cierto el uso indiscriminado y muchas veces desapegado al deber ser o a las máximas de  moral en otras áreas del conocimiento, en Derecho por ser una ciencia cultural enmarcada dentro de principios de orden, justicia y equidad, su proceder debe estar ceñido en la medida de lo posible hacia el deber ser, es decir, hacia el enfrentar al adversario con argumentos objetivos sin caer en la descalificación. Ello implica que, la argumentación como una actividad racional e intelectual, procura manejar lo polémico y la confrontación de ideas a través del dialogo persuasivo, como aquel proceso en el que predomina la tendencia hacia el mostrar la construcción de un posicionamiento resolutorio que intenta convencer y ganar adeptos, pero además enseñarlos sobre las motivaciones implicadas en sus ideas (Arnaux, 2002).

Por consiguiente, la complejidad de la argumentación como herramienta al servicio del jurista, enmarca su potencial en el hecho de dejar en su interlocutor la convicción de la postura y las razones esgrimidas, pero además, de generar la trama lógica y organizada de razonamientos y premisas que llevaron a determinada conclusión, cuestión que ha sido concebida y en esencia vinculada con la eficacia pragmática que implícitamente intenta propiciar en la audiencia una respuesta que trascienda la mera adhesión, para llegar a la generación de reacciones que demuestren el convencimiento sobre determinada postura (Atienza, 2005).

En razón de lo antes expuesto, es posible mencionar que parte de las funciones de la argumentación están centradas en “ofrecer razones y pruebas, de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por si mismas” (Weston, 2006, p. 13). De ello se puede inferir, que potencialmente la argumentación tiene como atribución el generar en su contraparte la posibilidad de valorar, juzgar, razonar y hasta hacer uso de la criticidad como parte del proceso de elaboración de sus propias apreciaciones sobre el tema en controversia a partir del uso del pensamiento y de la reflexión como habilidades para elaborar, manifestar opiniones que lleven a la validación por considerarla aceptable  (Perelman, 1998).

Todo ello indefectiblemente lleva a pensar en las condiciones requeridas para que un argumento sea aceptado y, por ende asumido como válido. Por un lado, en un proceso de defensa un argumento puede ser reconocido en función de su justificación formal, es decir, cuando la posición que se asume el defensor es la correcta. Sin embargo, puede suceder que la justificación no responda necesariamente a esta condición, pero, que si se adecúe desde el punto de vista material como una apreciación que pueda manejarse bajo el criterio de aceptabilidad debido a las formulaciones razonadas sobre las que se sustenta (Atienza, 2005).

Por consiguiente, la efectividad en todo proceso de argumentación, debe ser vista desde su capacidad de persuasión o perlocución. No obstante, la misma debe entender desde sus fines los cuales se encuentran enmarcados en mostrar lo más claro y comprensible posible una postura, que será efectiva para convencer si desde lo pragmático es aceptada como una alternativa potencialmente verdadera (Pascual, 1997).

La participación de la argumentación como una habilidad en el campo universitario, se ha relacionado con actividades y estrategias académicas complejas como lo son la discusión y el debate, pero además con el uso del pensamiento crítico como una modalidad de pensamiento superior que intenta la valoración de alternativas y la toma de decisiones como respuesta a la asunción de una posición coherente, responsable y autónoma (Pérez, s/f).

De lo anterior se desprende, la idea de comprender a la argumentación como una herramienta al servicio de la elaboración de criterios dirigidos a justificar y fundamentar una decisión. Por ende la argumentación debe ser vista como un proceso que se vale del manejo de elementos probatorios que fungiendo como evidencias, le atribuyan a la decisión mayor credibilidad (Atienza, 2005).  Esto indica que para el que se forma en el ámbito de la ciencia jurídica, es inminente manejar competentemente estrategias argumentativas que le permitan al interlocutor utilizar el conocimiento y la información para resolver de manera razonada conflictos jurídicos y sociales.

Desde esta perspectiva, se trata de apropiarse de una actitud dada a la comprobación, es decir, al manejo de razonamientos y de premisas validas como resultado de un pensamiento organizado y coherente que busca justificar desde el punto de vista práctico. Todo ello implica el compromiso del interlocutor para según Atienza (2005) el “dar razones a favor o en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar” (p.18). Esta habilidad implica, el uso de razones y el intercambio de ideas (argumentos) respondan a criterios tales como: validez, cohesión, organización lógica, coherencia, solidez y capacidad para persuadir.

De este modo, es posible relacionar la argumentación con el pensamiento crítico, pues el mismo intenta en su modo de proceder el abordaje de una situación problema desde múltiples visiones o perspectivas con el propósito de generar acercamientos a posibles soluciones. Ello visto desde la argumentación, puede ser interpretado como la elaboración de buenos razonamientos y alternativas coherentes que consigan persuadir de manera efectiva a su audiencia (Oliveras y Sanmartí, 2009).

En este sentido, es posible afirmar que la promoción de la argumentación es indispensable en el nivel universitario, pues la misma está permeada por el consenso y la búsqueda democrática de soluciones que lleven a satisfacer necesidades sociales. Todo ello visto por Ramírez (2004) se trata de “un medio fundamental para defender las ideas, examinar en forma pacífica y critica las ideas de otros, para rebatir los argumentos y resolver conflictos de intereses (p.4). En atención a esta afirmación, vale acotar que la argumentación debe ser asumida como una actividad académica encargada de darle respaldo a las opiniones o procesos decisorios encausados a dirimir o a resolver con experticia situaciones en conflicto (Suarez y Conde, 2009).

Es de hacer notar, que es posible esgrimir que la argumentación tiene en común con el pensamiento crítico, del uso de diversas habilidades de orden superior que participan en la elaboración de ideas y afirmaciones, que le posibilitan al que se forman en la ciencia jurídica, de las herramientas para responder en forma sólida y fiable, las contradicciones que emergen de su ámbito de acción. Entre ellas se pueden precisar: el criticar, el juzgar, el reflexionar, el establecer relaciones coherentes, el elaborar categorías de análisis y criterios, así como disponer de técnicas y estrategias de razonamiento  que le permitan participar responsablemente dentro del ejercicio propio de la comunidad jurídica (Oliveras y Sanmartí, 2009).

Todo esto quiere decir, que la relevancia y justificación de promocionar actividades vinculadas con la argumentación posibilita no solo el generar las condiciones para construir razonamientos lógicos y coherentes, sino además, el proceder en forma de juez que somete a valoración de los posicionamientos de terceros, la fiabilidad de las ideas y la validez de los argumentos, al asumir la criticidad como habilidad para detectar imprecisiones, desmontar falacias y poner en evidencia contradicciones como respuesta de un pensamiento y una actitud acuciosa y profunda que no asume razonamientos a priori si no han sido previamente sometidos a la revisión de las premisas sobre las que sustenta.

Por ende, es posible afirmar que el uso y manejo de la argumentación en el campo jurídico, le permite al que se está formando en el área, el autorregular su proceder, la evaluación de sus propias ideas, la corrección y ajuste de sus planteamientos con el propósito de mejorar la formulación de argumentos en un constante movida por la discusión interna, en la que se comprueba la solidez de la información con la que se cuenta y, se verifica que tan efectivos pueden llegar a ser las evidencias que se pretenden manejar dentro de la trama argumentativa. Esto conduce a la afirmación de que la argumentación responde a una actividad propiamente académica y, por ende científica, puesto que implica el uso de la razón y del pensamiento crítico como medios para juzgar no solo argumentos y premisas propias, sino las planteadas por terceros frente a un problema que amerita del aval del razonamiento para ser aprobado (Pascual, 1997; Perelman, 1998).

Esto equivale a afirmar que, el ingreso las convenciones y reglas de la argumentación, requiere de un proceso de apropiación académica de una cultura que exige como condición indispensable para aprobar un posicionamiento, el uso de la justificación y de la demostración como criterios sobre los cuales recae el poder de convencimiento necesario para producir la adhesión al posicionamiento que se defiende en una controversia (Ramírez, 2004).

CONCLUSIONES

Como se logra apreciar, la promoción de la argumentación en el escenario académico, se ha posicionado como una herramienta relacionada con la elaboración de razonamientos y premisas consistentes y sólidas, como resultado de un pensamiento acucioso y organizado capaz de posibilitarle al interlocutor el discutir, disertar y participar en la toma de decisiones y la resolución de conflictos propios de la cultura jurídica. En atención a ello, se proponen las siguientes conclusiones:  

La argumentación debe ser asumida en el sistema educativo universitario, como una herramienta al servicio de la necesidad justificación la asunción de determinada postura. Lo que en Derecho es fundamental porque lleva al estudioso del campo jurídico a tomar posición dentro de una controversia valiéndose de criterios y de razonamientos lógicos que traigan al convencimiento a su receptor.

Por otra parte, la argumentación dentro del campo jurídico debe ser vista como habilidad de ligada al pensamiento crítico, que le permiten al interlocutor valorar la calidad, coherencia y efectividad de los razonamientos propios y de terceros. En otras palabras, la unión entre pensamiento crítico y argumentación, representan la posibilidad de hacer reformulaciones y ajustes en las premisas a utilizar para sustentar o rebatir el posicionamiento de un tercero.

Aunado a ello, la promoción de la argumentación para el que se inicia en el campo jurídico, requiere según su relevancia de mayor promoción y praxis, pues dentro del ejercicio judicial bien sea en forma oral o escrita, se requiere para sustentar discusiones, elaborar planteamientos, explicar y elaborar razonamientos y dotar de consistencia lógica a los argumentos que se van a esgrimir en una defensa.

En este sentido, argumentar de manera competente debe posicionarse como un requisito fundamental para dirimir conflictos, buscar puntos de encuentro, consenso y acuerdos entre dos puntos en discrepancia. ello implica, la posibilidad de establecer a través de la discusión la toma de decisiones y la resolución de querellas jurídicas, que mediadas por la razón deriven en una correcta administración de justicia.  

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